Fin de la huelga de hambre ¿fin del conflicto mapuche?

Redactó: Daniel Cano Christiny (1)

Yo tomé parte en el levantamiento de 1881, donde se sublevaron todas las reducciones desde Llaima hasta Bajo Imperial i desde Chol Chol hasta Toltén, por la fundación de pueblos. Teníamos razón en sublevarnos, porque se nos iba a quitar nuestros terrenos. Así ha sucedido. Yo apenas tengo donde vivir. Inútilmente he reclamado.

[Pedro Cayupi, 1913] (2)

 (…) Señores: no vengo a llorar como mujer lo que mis abuelos supieron defender como hombres; pero permitidme que os diga que mientras los valientes conquistadores nos trataron francamente como enemigos, pudimos defender nuestra tierra; pero cuando algunos malos gobernantes de la República se hicieron nuestros amigos, su amistad debilitó el vigor de nuestra raza alcoholizándola, y nos sumió en la miseria arrebatándonos nuestras tierras.

Hace algunas semanas atrás se dio término a la huelga de hambre llevada a cabo por un grupo significativo de prisioneros mapuches, quienes adoptaron dicha medida como última alternativa para lograr ser procesados por tribunales ordinarios, evitar ser sometidos a una ley antiterrorista descontextualizada y en consecuencia, recibir un juicio justo.

Sin embargo, quedarse en esta coyuntura es tener una mirada reduccionista del problema. Los comuneros que pusieron en riesgo sus vidas durante 82 días no constituyeron el resultado de la aplicación de una ley injusta en un momento determinado, más bien, fueron producto de un siglo de abusos por parte del Estado y la sociedad chilena para con su pueblo. En ese sentido, los huelguistas representaron una expresión más de la arbitrariedad con que el Estado de Chile se ha vinculado con los pueblos indígenas a lo largo de su historia.

Sabemos que el tema posee una alta complejidad, tanto en la constatación de las dificultades presentes como de las soluciones posibles.  No obstante, si miramos nuestro pasado con sentido crítico, lograremos descubrir los orígenes del conflicto y sopesar el fenómeno en su real dimensión histórica.

Debemos comenzar por reconocer que este es un problema de larga duración entre chilenos y mapuches. Su origen se remonta a fines de siglo XIX, momento desde el cual podemos rastrear el camino de desencuentros que ha marcado la relación entre ambas partes. El hito fundacional del conflicto se inaugura con la mal llamada pacificación de la Araucanía, proceso en que el Estado chileno decimonónico avanzó en dirección sur de la frontera del río Biobío en un proyecto colonizador que conllevó una serie de estrategias no sólo militares, sino también políticas, económicas y sociales que persiguieron penetrar en territorio indígena y anexar alrededor de 5 millones de hectáreas. Aquella conquista territorial fue obtenida en forma definitiva con uso de la violencia. ¿Hubo más alternativas a esta última? Probablemente no. Los mapuches de la época no entregarían sus tierras sin luchar por ellas, y a su vez el Estado no se permitiría prescindir de aquellos territorios. La economía del país demandaba la apropiación de la zona y renunciar a ella no fue una opción viable.

Luego de la ocupación militar de la Araucanía, el Estado “reservó” porciones de terreno donde “radicar” a los mapuches y reducirlos a reducciones.  El total en superficie de aquellas reservas sumó 500 mil hectáreas. Es decir, sólo un 10% del espacio que ocupaban anteriormente. En definitiva, fueron exiliados al interior de su propia tierra.

Para legalizar este proceso y resguardar el célebre “estado de derecho”, se les confirió a las reservas el estatuto jurídico de títulos de merced, dando a entender que era el Estado quien donaba esos terrenos a los mapuches derrotados. Todo el resto pertenecía al fisco y fue rematado a particulares que hicieron grandes fortunas adueñándose de enormes paños territoriales dando forma a los grandes latifundios.

Aquí se presenta la primera “deuda histórica”.  Los mapuches fueron desterrados de su suelo y confinados a pequeñas comarcas. Sin embargo, el gran error estuvo principalmente en la forma del reparto de la tierra. La entrega de títulos de merced durante el periodo de radicación no respetó jerarquías, linajes ni familias. La agrupación de mapuches al interior de cada reducción habría operado de manera arbitraria. Con ese proceder, se fracturó el sistema de autoridades tradicionales. Quiere decir que en una misma reserva indígena, con su correspondiente título de merced otorgado por la Comisión Radicadora, se niveló la autoridad de jefes de familia, simples lonkos y ñidol lonkos (jefe mayor).  Este hecho provocó grandes conflictos al interior de las reducciones donde mapuches terminaron velando por sus intereses particulares en respuesta al contexto adverso en que fueron situados. Así lo confirman las memorias de protectores de indígenas del periodo. “La comunidad en que viven los indígenas, es origen de serias dificultades que surgen entre ellos mismos dejenerando algunas veces en batallas; pues sucede que el jefe de la reserva se toma para sí el mejor terreno o la mayor parte de él, dejando a los demás comuneros reducidos a una pequeña extensión.” (4)

Conscientes de esa tradición cultural que se rompe, son comprensibles las disputas generadas en el seno de las nuevas entidades territoriales exógenas impuestas por el Estado. No sólo se designó una nueva territorialidad, sino que se aplicó de forma desordenada. Esa desorganización tuvo un responsable. La Comisión Radicadora. Es decir, el Estado.

A raíz de este fenómeno desestructurante, la consciencia de los afectados fue desarrollando lentamente un discurso anti chileno, (anti winka), que enrostraba a la sociedad dominante los abusos cometidos en contra de su pueblo y las consecuencias provocadas por la mala administración.

El primer título de merced fue otorgado en 1884 y el último en 1929. En ese periodo de 45 años se arrinconó a 80 mil mapuches al interior de 3 mil reservas que en su totalidad sumaban 500 mil hectáreas. Los censos araucanos de la época nos indican que en la Araucanía habitaban alrededor de 110 mil mapuches. Por lo tanto la radicación indígena no sólo se realizó de manera desordenada y arbitraria, también se implementó parcialmente ya que 30 mil mapuches no recibieron títulos de merced. Ellos contabilizaban más de un 25% del total, quedando fuera del sistema de reserva y por consiguiente, sin reconocimiento legal de las tierras que ocupaban.

En el año 1931, se dictó una polémica ley que permitió dividir las comunidades al interior de los títulos de merced respectivos y de esa forma insertar el concepto de propiedad privada dentro de estas unidades territoriales. Con títulos de dominio particulares, los mapuches estuvieron en condiciones de vender o arrendar sus hijuelas al interior de las reservas. Debido a esta ley, que cabe mencionar fue impulsada por Manuel Manquilef (diputado mapuche, 1926-1934), se terminó perjudicando en la práctica a las comunidades y contraviniendo el espíritu original del decreto de ley, que buscaba darle autonomía a los comuneros para  invertir en sus terrenos y hacerlos más productivos.

Durante este periodo, como venía ocurriendo con anterioridad, las usurpaciones de tierras estuvieron a la orden del día. Colonos particulares sin escrúpulos se aprovecharon de la situación desmejorada en que se encontraba el mapuche: reducido a pequeños retazos de tierra, forzado a convertirse en agricultor minifundista con economía de subsistencia, desarticulado social y políticamente, y más aún, sin dominio de la lengua y legislación chilena. Todos aquellos factores incidieron directamente en el proceso de despojo y expoliación de territorio al interior de los títulos de merced. La mejor evidencia de este pillaje amparado por la institucionalidad chilena y el respetado estado de derecho, se observa en el cuantioso número de demandas entabladas por mapuches víctimas de latrocinios en los juzgados de indios. Esta institución creada para garantizar los derechos indígenas fue en la realidad, letra muerta. No cumplieron su misión y actuaron negligentemente ante los abusos que fueron víctimas los mapuches de la época. En ese sentido, el Estado hizo vista gorda frente al despojo de las pocas tierras que quedaron en manos indígenas y de ese modo se convirtió en cómplice del atropello y el abuso. La confianza se desvanecía y la credibilidad en nuestra institucionalidad se desdibujaba en la conciencia de un pueblo que fue desangrado lentamente.

Si en ese entonces no se cumplió la palabra, si las instituciones creadas para salvaguardar los acuerdos convenidos no funcionaron y las leyes promulgadas para favorecer al indígena no resultaron eficaces, por el contrario, terminaron perjudicando al pueblo mapuche ¿Por qué justamente ahora se verán resultados satisfactorios, acuerdos que se respeten y leyes que resuelvan los problemas reales? Los antecedentes históricos, nos confirman lo contrario. He aquí la “segunda deuda histórica”. Un Estado negligente y una sociedad cómplice, que permitieron con indiferencia el atropello a los derechos mapuches y el saqueo de sus exiguos terrenos. En consecuencia, las confianzas en las instituciones chilenas se desarticularon primando en la relación la suspicacia y el recelo ante las promesas vacías, las instituciones protectoras inútiles y las leyes de letra muerta.

Más tarde, con la implementación de la reforma agraria se vivió en zona mapuche un paréntesis excepcional durante el cual las recuperaciones de tierras fueron amparadas y promovidas por las políticas del gobierno de turno. En esos años se recuperaron la totalidad de las tierras anteriormente usurpadas al interior de los títulos de merced junto con predios que correspondían a las llamadas “tierras ancestrales”, es decir, que se encontraban fuera de los deslindes establecidos por los títulos de merced.

El golpe militar del año 1973 y la consiguiente contrarreforma agraria revirtió rápidamente los avances logrados restituyendo los predios “tomados” a sus anteriores dueños. Simultáneamente, las políticas del régimen militar buscaron la manera de dar solución al “problema indígena” al igual que los gobiernos precedentes desde comienzos del siglo XX. La forma en que se resolvió ejecutar el proyecto benefactor, fue en función de legitimar la propiedad privada al interior de las comunidades con la aplicación de la ley de 1978. Dicha ley versaba en su artículo primero la siguiente frase: Art.1.- Las hijuelas resultantes del proceso de división de comunidades, dejarán de ser tierras indígenas e indígenas sus habitantes. Por lo tanto, los mapuches tendrían que convertirse en agricultores productivos gracias a la ley que promovía aquel cambio. Sin embargo, el resultado final fue la formación de una masa campesina pobre, desempleada y marginada.

Con la entrega de los nuevos títulos de dominio se abrieron las puertas a las grandes empresas forestales que comenzaron a comprar, -arrendar por 99 años-, los predios al interior de las comunidades, fracturando más de lo que ya estaba el orden territorial e impactando fatalmente en el ecosistema. Las extensas plantaciones de pino y eucalipto secaron las fuentes naturales de agua y erosionaron con sus resinas los suelos. No siendo esto suficiente, los campos en dominio indígena aledaños a las plantaciones forestales resultaron envenenados por los pesticidas que se esparcían desde el aire.

En un periodo de 10 años, desde 1978 a 1988, se completó en un 100% el proceso de división y liquidación de las comunidades mapuches, poniendo fin a un proceso que se arrastraba desde la década de 1930.

Con el retorno de la democracia y la firma del Acuerdo de Nueva Imperial el cual sellaba el apoyo político de los pueblos originarios al entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin, establecía que a cambio del respaldo, el futuro gobierno concertacionista se comprometería a resolver tres demandas indígenas fundamentales: Primero, elaborar un marco jurídico en favor del desarrollo de los pueblos originarios, punto medianamente resuelto con la promulgación de la Ley Indígena Nº 19.253, un 5 de octubre de 1993. Segundo, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas; y tercero, ratificar el Convenio 169 de la OIT en territorio nacional. El punto dos y tres del Acuerdo de Nueva Imperial permanecen pendientes hasta nuestros días, aunque cabe señalar que la discusión sobre una reforma constitucional para incorporar a los pueblos originarios está siendo discutida en estos momentos en el congreso.

No obstante, las promesas inconclusas aún se mantienen como base en la relación entre Estado y pueblos indígenas. Por ende, los mapuches desconfían de todo acuerdo firmado, y sostienen una postura que a veces se ha catalogado de “poco dialogante”, porque su propia historia les ha enseñado a desconfiar. De aquello no podemos culparlos. Si a este contexto de precario entendimiento le agregamos un elemento extra, la llamada “memoria del resentimiento”, el problema se agudiza. La consciencia histórica del pueblo mapuche se ha forjando por años al interior de las comunidades a través de las historias contadas de padres a hijos, de abuelos a nietos -sustrato de su cultura oral primaria-, y las cuales han estado marcadas por relatos de despojos y engaños reiterados acompañados de la impasible mirada de un Estado garante de libertades y derechos de una parte de sus ciudadanos y padre desnaturalizado de otros.

En suma, la solución del problema no está en manos de un solo gobierno, tampoco de una sola generación de líderes mapuches. El conflicto como tal, posee una trayectoria larga que obliga a tener paciencia y esperar, primero que todo, la restitución de las confianzas. Eso, no se logra de un día para otro. Enmendar las “deudas históricas” como Estado y sociedad, son un primer paso. Por lo mismo, asumir los errores del pasado será clave en la purificación de la memoria nacional y mapuche. Basta de miedos infundados. Para sanar la herida que cargamos como sociedad –mapuche y no mapuche-, debemos disponer de los medios que favorezcan la integración con identidad(es) de manera creativa, participativa y con voluntad política, convenciéndonos que la diversidad cultural aportada por los pueblos indígenas no nos debilita, por el contrario, nos fortalece como país. En consecuencia, reconocernos a estas alturas como nación multicultural a nivel constitucional, es un deber moral.

Para finalizar, quisiera referirme a las ideas expuestas por Rodrigo Curipán, werkén de la comunidad de Rankilko Bajo (Malleco) y vocero de los presos políticos mapuches de Angol, durante su participación en la presentación del libro “Las razones del illkun/enojo: Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco”, de Martín Correa y Eduardo Mella, que se llevó a cabo en las salas del Archivo Nacional el jueves 14 de Octubre.

Las ideas expuestas aquella tarde por el dirigente mapuche se concentraron en tres puntos. El primero fue reconocer el lugar desde donde se está dialogando-negociando con la sociedad chilena. Por su experiencia personal, considera que ese espacio es el de los marginados, olvidados y en el último tiempo, el de terroristas perseguidos a causa de campañas de criminalización de la protesta social mapuche. Curipán confesó que cuando asumió la vocería de su comunidad e ingresó activamente a las movilizaciones reivindicativas, su familia se desintegró. Actualmente cuenta con hermanos en la cárcel como presos políticos, parientes viviendo en la clandestinidad y hostigamiento a su persona por parte de las fuerzas de orden en la Araucanía. El costo de su decisión ha sido alto y lo vive a diario.

Un segundo punto se refirió a la ideología que está detrás de la protesta social mapuche, entendida como el legítimo derecho a luchar por recuperar lo que es propio. En ese sentido, la campaña reivindicativa es racionalizada como un acto de justicia.

Por último, en una actitud de franco estoicismo y profunda esperanza, declaró que la lucha por recuperar “sus” tierras no corresponde a una lucha de hoy, sino del mañana. Con absoluta claridad esta autoridad mapuche es consciente de la lentitud de los progresos factibles en la materia. Desde su propia historia como pueblo conoce los ritmos con que las políticas indígenas avanzan-retroceden en Chile. Sin embargo, su sacrificio se carga de sentido cuando afirma que lo realiza por las generaciones mapuches del futuro. Por sus hijos. El amor hacia ellos es el motor principal de su actual via crucis, y esa, es una fuerza difícil de doblegar.

Frente a ello, el Estado chileno y la sociedad en su conjunto tienen el deber de producir un cambio cultural en su manera de vincularse con el pueblo mapuche, asumiendo la historia compartida de esta conflictiva relación y posibilitando instancias de encuentro honesto y sincero. De esa manera, los posibles caminos hacia la mutua reconciliación estarán pavimentados por la restauración de las confianzas extraviadas y el reconocimiento de las faltas cometidas en el pasado. Sólo así, estaremos en condiciones de construir un país más hermano. Un país de chilenos, pero también de mapuches.

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(1) Daniel Cano Christiny es integrante del Programa de Magister en Historia de la PUC., y participó como ‘ciudadano invitado’ en varios programas televisivos durante el tiempo de la huelga Mapuche.

(2) Tomás Guevara, Las últimas familias y costumbres araucanas, Imprenta Litografía y Encuadernación Barcelona, Santiago, 1913, p.137

(3) Fragmentos de un discurso pronunciado por el diputado Manquilef durante el Congreso Católico Araucanista en diciembre de 1916 en la Catedral de Santiago. Diario Austral 23/12/1916

(4) Memoria del Protector de Indígenas de Arauco, Manuel Labbé, 1911